Manifestamos:

1. Nos parece escandaloso que condenados por asesinato y otros crímenes muy graves se hayan beneficiado de un cuasi-indulto por aplicación retroactiva de la Ley.

2. Resulta un sinsentido que el único criterio sea la edad biológica y no exista un juicio previo de capacidad para determinar el alcance responsable de la acción criminal.

3. Entendemos que es contrario a la Justicia que las medidas preventivas de internamiento tengan como límite seis meses, quedando en libertad contra el propio interés del menor delincuente, con riesgo de fuga, eliminación de pruebas e incluso reincidencia, autores de crímenes muy graves.

4. Creemos moralmente injusto que a la víctima se le prive del derecho a ejercer la acusación y contrario a la tutela judicial efectiva que al ciudadano perjudicado le otorga la Constitución.

5. Interpretamos antagónico con nuestro Estado de Derecho que esta Ley impida a la sociedad ejercer la acción popular prevista en la Constitución.

6. Nos parece preocupante que el Fiscal tenga encomendada la defensa del interés del menor y también sea el instructor, con poder de archivo o sobreseimiento, convirtiéndose en la práctica por su capacidad, en juez y parte de la situación.

7. Consideramos inquietante que el Estado no asuma responsabilidades legales por los delitos causados por la mera aplicación de la Ley y que no se ocupe de los casos fracasados de reeducación y reinserción.

8. Nos estremece pensar que autores de horribles asesinatos no estarán más de dos años en centros de internamiento en algunos casos, y que el límite será de ocho con posibilidad de revisión a la baja.

9. Valoramos que es inmoral que la Ley no se ocupe de la VICTIMA alcanzando en su olvido, para diversos casos, al derecho de asistencia, indemnización y ayuda.

10. Finalmente resulta un despropósito que se pretenda aplicar una ley sin dotaciones, sin suficiente personal especializado y sin garantías de cumplimiento del fin reinsertador que la motiva.

Estas razones y otras más debieran de haber sido tenidas en cuenta por el legislador, pero nadie consultó a los afectados y a sus asociaciones, simplemente fueron olvidadas y esta Ley, cuyas buenas intenciones fueron aplaudidas unánimamente por la clase política, tiene dolorosas consecuencias por dejar a las víctimas indefensas, victimizar a toda la sociedad, contrariar el propio interés del menor y quebrar la seguridad y la razón moral de la ciudadanía.

Ahora toca ¡REFORMARLA!