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(El Mundo.6-7-2003)
MAYORES SOLO PARA MATAR

TRES DE los cuatro presuntos asesinos de Sandra son menores.Cometieron un crimen atroz, pero se beneficiarán de la Ley del Menor. Los padres de la víctima no entienden cómo «el Rafita» o «el Ramoncín» estarán pronto en la calle y recogen firmas inservibles.

LA LEY DICE... Los familiares de las víctimas no pueden personarse en los juicios contra menores como acusación particular. / Para los menores de 14 años, por muy grave que sea el delito, la ley no estipula pena alguna. / Las medidas cautelares, como máximo, ascienden a seis meses. Si en ese tiempo no se ha celebrado el juicio, lo menores son puestos en libertad.

El Ramón, el Ramoncín, el Malaguita y el Rafita, como se les llama en su ambiente, se jactaban a viva voz de haber cometido un crimen.Lo decían en los pasillos del Metro de Madrid: «Cuidado que quemo, cuidado que mato». Uno a uno, a lo largo del último mes, los cuatro adolescentes, de etnia gitana, han sido detenidos como presuntos autores del asesinato de Sandra Palo, de 22 años, una joven de Getafe (Madrid), disminuida psíquica, brutalmente violada, atropellada, rociada con gasolina y quemada el pasado 17 de mayo.«Cuidado que quemo, cuidado que mato».

Mientras la policía va recomponiendo las piezas de un escabroso asesinato al que no le falta detalle de crueldad, en la casa de Sandra, dolor aparte, ha estallado la rabia. Tres de los jóvenes que habrían acabado con su vida son menores. El Ramón (R. S.G.) cumplió 17 años tres días después del asesinato, el Ramoncín (J.R.M.) tiene 16 y el Rafita (R.G.F.), casi un niño, 14.

Cuando los padres de la víctima, María del Mar y Francisco, acudieron a la Ley de Responsabilidad Penal del Menor para ver qué les sucederá a los culpables, sólo les vino una frase a la boca: «Qué impotencia». Lo legislado dice, entre otras cosas, que no podrán presentarse como acusación particular, sentarse en el banquillo, ver el rostro de los culpables y decirles: «Os acusamos del asesinato de nuestra hija». Como pena máxima, los dos mayores de 16 años podrían pasar ocho años en un centro de reforma. El Rafita, de 14, en dos años estaría en la calle.

El debate, como sucediera con otros salvajes asesinatos protagonizados por menores (crimen de San Fernando, de la katana, de Algeciras...por citar sólo algunos), ha trascendido el entorno de la víctimas para salpicar a toda la sociedad. ¿Hay que juzgar como niños a quienes matan como mayores? ¿Es suficiente castigo dos años en un centro para un asesino de 14 años? ¿Provoca la bisoña ley que los menores se sientan impunes? ¿Hay que reformarla?

Según los datos que maneja la Plataforma para la Reforma de la Ley del Menor -impulsada por el Movimiento contra la Intolerancia y en la que participan familiares de las víctimas- entre 2000 y 2001, 139 menores han sido detenidos como presuntos responsables de homicidios; 1.963 por delitos de lesiones; 631, por agresiones sexuales; 8.531, por robos con violencia... Cinco menores de 14 años cometieron o participaron en homicidios, 125 fueron responsables de lesiones; 97, de agresiones sexuales; 662, de robos con violencia...Para estos últimos (que aún no han cumplido los 14) la ley no contempla ninguna pena.

RECOJIDA DE FIRMAS

Al filo de las 15.30 toda la familia (María del Mar, Francisco, la hija de 20 años y el pequeño, de 9) llegan a casa con el estómago vacío y las manos cargadas de rúbricas a favor de su causa. Se disculpan por el desorden. «Con estas firmas y las que hayan recogido mis padres creo que llegamos a 40.000. Mañana, Paco y yo nos vamos a un hipermercado; mi hija y mi sobrina a la estación de Atocha y el domingo [hoy] estaremos todos en la Puerta del Sol», explica María del Mar.

En la casa de los Palo Bermúdez se vive una pesadilla que hasta el 17 de mayo sólo habían intuido por televisión: «Cuando escuchaba hablar al padre de Donovan o al de Clara decía: "¡Dios mío, qué duro tiene que ser perder un hijo así!" Pero nunca piensas que te va a tocar a ti, no te puedes poner en el lugar de un padre que pierde a su hijo. Y luego te encuentras con que han sido tres menores, que han alardeando de ello en el Metro y en su barrio y que van a tener una condena ridícula», se lamenta la madre.

VICTIMAS INDEFENSAS

En lucha, cuentan con el apoyo incondicional de la Plataforma para la reforma de ley del Menor, que lleva años tratando de sensibilizar a la población de que, en muchos casos, la ley deja a las víctimas indefensas. Su portavoz, Esteban Ibarra, no cuestiona su finalidad reeducadora, pero enumera uno a uno los parámetros que deben ser revisados y pone datos sobre la mesa: «Según la Fiscalía General, el año pasado hubo 21.216 delitos violentos cometidos por menores y 98.000 detenidos por diversa delincuencia. Pues bien, sólo se han aplicado medidas de socialización a poco más de 5.000, es decir al 5%. Muchos delitos prescriben porque no se produce el juicio a tiempo. Faltan muchos medios».

La carencia de recursos es algo que resaltan también quienes miran la ley con ojos más benévolos. Como Vicente Garrido, psicólogo y criminólogo, quien participó en su redacción y ha vivido desde dentro casos tan sonados como el de San Fernando o el de la Katana.O como el Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, Pedro Núñez Morgades, quien estos días ha ido a visitar a la familia de Sandra. «Quería darles mi condolencia y explicarles de lo que yo estoy convencido, de la bondad de la ley, de su homogeneidad con las leyes europeas más avanzadas, de que está concebida para recuperar a los menores... Creo que a los menores hay que darles esa oportunidad, no sólo por ello sino por la sociedad en general para que no terminen convertidos en delincuentes».

7-7-2003
MENORES HOMICIDAS
Aún no siendo legión pueden ser criminalmente crueles y producir un dolor irreparable. Eso le sucedió a Sandra Palo, una joven con discapacidad que fue secuestrada cuando retornaba a casa, violada, asesinada y quemado su cuerpo en un brutal crimen con participación de menores. También hace unos días, la turista griega Crisanti Papadopoulos, tras ser robada y resistirse al asalto fue apuñalada en el corazón por un menor que le arrebataba la vida dejando huérfanos a tres niños pequeños. Y a una vendedora de cupones, víctima de un tirón, que era arrastrada decenas de metros por dos menores, acabando con su vida. Todos habían sido detenidos con anterioridad por otros delitos.

En efecto, no son muchos pero los que son pueden ser muy bárbaros y no parece que la legislación y la política al respecto, lo impida. Al menos eso se desprende de los datos de la Fiscalía General del Estado que contabilizó 22.616 delitos violentos cometido por menores, con mas de 98.000 detenidos por diversa delincuencia, a quienes poco mas de cinco mil se les aplico medidas de sanción para su resocialización. Pero lo grave de la Ley Penal del Menor es el tratamiento del delito violento que tanto alarma y angustia a los ciudadanos. Y no es poco, la fiscalía reconoce al menos 6.544 robos con violencia e intimidación, 1.936 agresiones sexuales, 13.900 lesiones, 74 delitos de terrorismo y 162 delitos contra la vida.

Ni las víctimas, ni sus asociaciones, ni la ciudadanía ha cuestionado la finalidad reeducadora y socializadora de esta Ley, pero ponemos en duda que el camino de benevolencia ante el delito violento, lo acabe consiguiendo. Y es que la Ley Penal del Menor deja sin medida a cualquier menor que cometa un crimen, por bárbaro que sea, sin alcanzar los 14 años, y la indulgencia puede resultar vergonzante al limitar a dos años las medidas si no llega a los 16 y a 8 años, con revisión a la mitad, sino supera los 18. Este detalle, además de las prescripciones del pequeño delito, generalmente reincidente, traslada una impresión de impunidad al joven delincuente que se constituye en el principal factor criminógeno no ayudando en nada a sacarlo de la criminalidad.

De momento y los hechos parecen confirmarlo, la alarma y la preocupación es lo único que se extiende, al comprobar el ciudadano el sin sentido de que el único criterio establecido por la Ley sea la edad biológica y no exista un juicio previo de capacidad para determinar el alcance responsable de la acción criminal del menor. Hay menores de 18 años con crímenes horrendos que se han beneficiado por horas o días de esta Ley.

Además es moralmente injusto que a la víctima se le prive del derecho a ejercer la acusación particular y contrario a la tutela judicial efectiva, de la misma manera que impide a la sociedad ejercer la acción popular, también prevista en nuestra Constitución. También es inquietante que el Estado no asuma responsabilidades legales por los delitos causados en el contexto de la aplicación de la Ley y que no se ocupe de los casos fracasados de reeducación y reinserción. Incluso es inmoral que la Ley no se ocupe de la víctimas, muchas veces menores, alcanzando en su olvido al derecho de asistencia, indemnización y ayuda.
Finalmente resulta un despropósito que se pretenda aplicar una ley sin dotaciones, sin suficiente personal especializado y sin garantías de cumplimiento del fin reinsertador que la motiva. Estas razones y otras, debieran de haber sido tenidas en cuenta por el legislador, pero nadie consultó ni los afectados, ni a sus asociaciones, y tiene dolorosas consecuencias por dejar a las víctimas indefensas, victimizar a toda la sociedad, contrariar el propio interés del menor y quebrar la seguridad y la razón moral de la ciudadanía.

Esteban Ibarra
Presidente del Movimiento contra la Intolerancia

 

3-5-2002
TODOS A LA CALLE, A PESAR DE QUE <<PUEDEN VOLVER A MATAR>>

E.B.A

SEVILLA. Poco más de tres años después del asesinato de la anciana de 72 años a la que sus verdugos apuñalaron hasta la muerte, los tres jóvenes implicados en los hechos, entonces menores, están en la calle, a pesar de que, como ya advirtió Isabel Lacañina, hija de la víctima, en una entrevista concedida a ABC, «pueden volver a matar en cualquier momento».
De los tres menores, Juan Carlos y Javier, condenados como coautores materiales del crimen, el primero de ellos ya estaba en libertad de manera transitoria, a la espera de conocer el fallo del recurso interpuesto por su defensa alegando que un defecto técnico del proceso pudo provocar su indefensión, cuando la Audiencia así lo ha reconocido hace unos días, anulando su condena, de ocho años en un centro, lo que garantiza su libertad, al menos hasta nuevo juicio. Por lo que respecta a Javier, el otro coautor, sólo tuvo que cumplir dos años en un centro, al ser juzgado por la anterior ley para menores, acogiéndose a los derechos de un menor de 16 años, aunque sólo le quedaba una semana para cumplirlos. A Álvaro sólo le cayeron 18 meses por robo, que no ha cumplido.

(El País. Granada. Miercoles, 5 Junio 2002)
EMPLEADOS DE UN CENTRO DE ACOJIDA DENUNCIAN ATAQUES DE MENORES MARROQUIES
Empleados del centro de protección Ángel Ganivet de Granada, afiliados a la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF), lamentaron ayer el incremento de las agresiones físicas y verbales que sufren en el lugar de trabajo a manos de menores de edad de origen marroquí. Uno de los empleados, Manuel Lachica, sufrió la rotura de la muñeca durante una refriega con un joven. La Consejería de Asuntos Sociales abrió ayer una investigación para aclarar éste y otros hechos violentos denunciados.

Los sindicalistas entregaron a los informadores un 'historial de agresiones y sucesos' en el que se enumeran nueve incidentes ocurridos entre agosto de 1998 y mayo de 2002 y que han tenido como víctimas a los propios empleados. Los más recientes son la rotura de la muñeca al monitor Manuel Lachica y el amago de agresión con un cuchillo de comer contra otro empleado que sólo sufrió daños en su vestimenta.

(ABC. 20-5-2002)
LA POLICÍA RECLAMA CAMBIOS EN LA LEY DEL MENOR Y "TOLERANCIA 0" PARA PODER COMBATIR EL DELITO
Cambiar la Ley del Menor
Los expertos policiales consideran necesaria, como otra medida de urgencia para atajar la delincuencia, un cambio de la Ley del Menor, aprobada por consenso en el Congreso cuando era ministra de Justicia Margarita Mariscal. «Resulta que al menor, que en virtud de la ley puede serlo según los casos hasta los 21 años, no se le trata como a cualquier otro delincuente, sino que goza de un régimen y un tratamiento más favorable. Luego se ha visto que eso es una barbaridad». «Ocurre -matizan al respecto los expertos policiales- que cada vez los menores cometen más delitos porque gozan de cierta impunidad y no tienen ningún miedo al castigo en un centro de menores». Esta Ley de Menores prevé que las comunidades autónomas tengan centros especializados para acoger y reformar a los jóvenes. «¿Ocurre eso? No. Qué ocurre, que los chavales entran, se duchan, comen y salen a robar por la noche», afirman los mismos medios y aportan un dato: «De las personas identificadas por huellas como autoras de delitos de robo con violencia cometidos en Madrid, el 25 por cien son menores».
(El Mundo. 16-1-2002)
LA GENERALITAT PROPONE QUE EL ENCIERRO PREVENTIVO PARA MENORES PUEDA SER DE 18 MESES
Justicia argumenta que los seis meses que ahora marca la legislación deben ser ampliados.
BARCELONA.- La Generalitat propondrá una modificación de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor para que el periodo de encierro preventivo pueda ampliarse, si se considera necesario, a un máximo de 18 meses. El conseller de Justicia, Josep Guàrdia, defendió ayer esta modificación en el transcurso de una comparecencia para dar cuenta del balance del primer año de vigencia de la ley. En su redacción original, la ley prevé que el máximo periodo de encierro para un menor que espera juicio es de seis meses.

Pero el día a día, ha evidenciado que, en ocasiones, este semestre se queda corto. El ejemplo más significativo ha sido el del menor acusado por el crimen de la Vila Olímpica de Barcelona. Valentín Moreno agotó el periodo de seis meses de encierro preventivo y ahora espera, en libertad, que su condena sea firme.

(El País. 7-2-2002)
UN JOVEN DE 21 AÑOS RECONOCE UN CRIMEN QUE COMETIÓ HACE SIETE.
Se declara autor de la muerte a golpes de un indigente en Vila-Real cuando tenía 14 años.- El joven será juzgado por el procedimiento que establece la ley del menor
Un joven de 21 años de edad se ha declarado autor de la muerte de un indigente, ocurrida en Vilareal (Castellón) en 1995 cuando tenía 14 años, según ha informado el fiscal de menores de la Audiencia Provincial, José Luis Cuesta.
Tras confesar el crimen el pasado viernes, el joven, fue internado en el centro de reeducación de menores de Pi Gros, en Castellón, donde permanece ingresado. Tras esta declaración del joven, otras dos personas adultas han sido detenidas en los últimos días e ingresado en prisión por su supuesta relación con los hechos.
El fiscal ha dicho que el joven será juzgado por el procedimiento que establece la ley del menor y que obliga a que el juicio se realice en un plazo máximo de seis meses desde su internamiento.
El cadáver del indigente, muerto tras ser golpeado con un bate de béisbol, se encontró en una masía del termino municipal de Vilareal, aunque las mismas fuentes no han facilitado más detalles ya que el caso está bajo secreto de sumario.
(El Mundo. 4-3-2002)
UNA EDUCADORA PIDE LA BAJA TRAS RECIBIR UNA PALIZA DE UN JOVEN DE UN CENTRO DE MENORES
MADRID. Una educadora del centro de menores de la Comunidad de Madrid Renasco tuvo que solicitar la baja después de ser agredida el pasado martes por un interno. La educadora recibió una bofetada, según fuentes de la Consejería de Asuntos Sociales, y una fuerte paliza, según fuentes internas del centro, cuando intentó controlar al menor en un momento de crisis. El joven, que al parecer sufre trastornos psicológicos, tuvo que ser ingresado en la Unidad de Psiquiatría del Hospital Gregorio Marañón después de que agrediera a su cuidadora. Fuentes próximas a la educadora explicaron que este menor «sufre trastornos psíquicos constantes pero que aún no se ha conseguido que un juez ordene su internamiento en un centro especializado para este tipo de patologías». Uno de los problemas a los que se enfrentan los educadores de estos centros a la hora de tratar con los menores es el vacío normativo fruto de la falta de desarrollo de la nueva Ley del Menor.
(El Mundo.20-3-2002 ) EL PASADO AÑO HUBO 12.000 CASOS
EL FISCAL JEFE DICE QUE LA SITUACÓN DE LA SECCIÓN DE MENORES ES <<INSOSTENIBLE>>

MADRID. El fiscal jefe de Madrid, Mariano Fernández Bermejo, ha asegurado que la situación de la jurisdicción de menores en la capital «es insostenible» y la calificó de «puro disparate» por la falta de medios y por la dispersión de las sedes judiciales.
En el año 2001, la Fiscalía del Menor vio cómo se incrementaba la actividad por encima de lo esperado con la entrada en vigor de la nueva Ley del Menor, que elevaba en su articulado de 16 a 18 años la edad penal.
Según las previsiones diseñadas, se esperaba que cada fiscal de menores se enfrentase a unos 460 casos. Finalmente, se han tramitado 1.197 asuntos por fiscal. Es decir, en el curso del año pasado la Fiscalía registró 12.262 expedientes contra menores de edad.

A estos casos hay que añadir otros 2.200 procedimientos por causas abiertas a menores en juzgados penales o por jóvenes que se beneficiaron de la entrada en vigor de la nueva ley. Por lo tanto, se tramitaron 14.368 asuntos. Pese a este enorme trabajo, los fiscales resolvieron casi 6.000 asuntos, muy por encima de la cantidad de casos despachados según lo previsto.

En cualquier caso, Fernández Bermejo afirmó que en el ámbito de los menores se desbordaron las previsiones «contra todo pronóstico de quienes no quisieron hacerlo bien». «Parece que quien debiera no quiere enterarse de que la situación es insostenible».

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