Hace ahora 15 años que la juventud  europea se movilizaba para defender el avance en la igualdad de trato para todas las personas y el respeto a la diversidad de cada una de ellas, de modo que la igual dignidad y derechos fundamentales amparase las diferencias étnicas, religiosas, de orientación sexual o sociocultural que tenemos las personas. Con el lema “somos iguales, somos diferentes”, esta  gran campaña contra el racismo, la xenofobia, el antisemitismo y la intolerancia, impulsada por el Consejo de Europa, reclamaba precisamente políticas y legislación a favor de una Europa de la Tolerancia y la Solidaridad.

La Unión, en congruencia con ese espíritu, aprobó las directivas de “igualdad de trato”  por origen racial y étnico que se transpusieron, de mala manera en el 2.000, por el Gobierno de aquel entonces. En estas directivas ya se reclamaba la aplicación de la “inversión de la carga de la prueba” para procedimientos no penales y la creación de un “órgano independiente” para la defensa de las víctimas instando a potenciar la lucha contra la discriminación en diversos ámbitos.

Al presentar este anteproyecto, el Gobierno ha cumplido su promesa electoral de avanzar, como reclamaba el tejido asociativo, en la lucha transversal e integral frente a la discriminación, lucha recordada reiteradamente por la secretaría socialista de movimientos sociales quien se hacía eco de denuncias que presentamos organizaciones  cuando  vulneran derechos y libertades fundamentales de las personas por tener otro color de piel, ser de etnia gitana, homosexual, discapacitado, sin techo o por tener cualquier característica estimuladora del odio, la discriminación e incluso la violencia de  los intolerantes.

Una sociedad democrática está obligada a defender con firmeza, garantizando y protegiendo, la igual dignidad y derechos de sus personas. Así lo afirman expresamente la Constitución Española, la Carta de Derechos Humanos  y la Constitución Europea; las instituciones internacionales, con vehemencia,  lo argumentan para convivir democráticamente. De ahí la importancia de crear instrumentos como la Autoridad Estatal contra la discriminación y otras instituciones que  acompañaran a una asistencia amplia de las víctimas junto a la necesaria medición de datos, formación de operadores públicos y sensibilización de la ciudadanía.

Ahora que arrecian voces discriminatorias, impregnadas de populismo xenófobo, viene bien recordarles los límites que las leyes democráticas marcan, como reclaman unitariamente las instituciones europeas, algo que  también  acaba de hacer Obama, tras graves  episodios de homofobia, al aprobar una ley federal para la prevención de delitos de odio.

Esteban Ibarra
Presidente de Movimiento contra la Intolerancia

Artículo publicado en Público.es   8.01.2011