UN AÑO DESPUÉS DE LA NUEVA LEY DE EXTRANJERIA

Transcurrido un año de la entrada en vigor de la Ley de Extranjeria, no parece que los problemas que se señalaban como objetivos a rectificar estén en vías de ser alcanzados. El efecto llamada, adjudicado a la anterior legislación, no parece haberse disipado a tenor del incremento de entradas irregulares que se han producido. Por el contrario la imposibilidad de acceso a derechos por vía del empadronamiento, la ausencia de un mecanismo de regularización permanente que contemple el principio de arraigo y que evite la irregularidad sobrevenida, junto a la imposibilidad del ejercicio de derechos civiles de reunión, manifestación y otros, construye un escenario de marginalidad y ocultamiento de un colectivo amplio de inmigrantes abocados a una difícil integración social y a ser pasto de las mafias y de las condiciones de explotación más duras. Si a ello le unimos la negativa sin motivación del visado, cuestionada por el Defensor del Pueblo, y la mayor presión con la expulsión por diferentes motivos que explicita la Ley, podemos afirmar que el cuadro dibujado no es nada estimulador para la entrada irregular. Y pese a todo siguen llegando a las costas, en pateras, como turistas, o como sea, porque el hambre no conoce fronteras y todo el mundo ,que tiene fuerzas, intenta buscar su oportunidad. En suma, después de distintos procesos de regularización, todavía quedan mas de 200.000 personas sin regularizar, ¿qué va suceder con ellos?. Cualquier legislación tendrá que proponer un procedimiento de regularización permanente accesible que impida que estas personas sean carne de explotación, marginación o delincuencia.

No es fácil la solución. Quizás no la haya mientras persista la tragedia de esta desigualdad tan abismal que vivimos. Quien piense que la alternativa es endurecer y cerrar fronteras se equivoca; quien piense lo contrario, la eliminación de todo tipo de control de entradas, se equivoca también. No hay solución de un solo país, pero si puede haber actuaciones mas humanitarias, una mejor gestión y control de los flujos migratorios, unas políticas de acogida e integración social en todos los niveles de la administración, y una sociedad que sabe aprovechar todo lo positivo que tiene el fenómeno migratorio para construir bienestar, mejorar la democracia y avanzar por el camino de la interculturalidad. De no ser así estaremos ofreciendo oportunidades a la intolerancia, a aquellos que atacan a la sociedad democrática y de quienes apuestan por el choque de civilizaciones como vía de reorganización mundial. El racismo, la xenofobia, el ultranacionalismo, la heterofobia, el antisemitismo o cualquier forma de intolerancia impulsada por los fanáticos no tienen mas oportunidades que las incapacidades de los demócratas en la medida que estos últimos sigan irresponsablemente empeñados en dárselas.

Aumenta la intolerancia

Según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el último barómetro refleja un aumento de la intolerancia de los españoles respecto a las costumbres de los extranjeros. El 53,5% de los ciudadanos percibe que la sociedad es "poco" o "nada" tolerante con las costumbres de los extranjeros u otros grupos étnicos, un dato que revela un incremento de cinco puntos respecto a la misma encuesta llevada a cabo en diciembre del 2000 y que coincide con el período de vigencia de la nueva Ley de Extranjería. El sondeo revela que el 43,4% serían poco tolerantes, mientras un 10'1% son calificados de nada tolerantes. Una intolerancia creciente que viene corroborada por otros estudios locales como el de la Universidad Barcelonesa de Vic que mostraba como 2 de cada 3 adolescentes, de entre 12 y 16 años, no entraría en un local en el que se encontrara con inmigrantes magrebíes, o el realizado en Gandía donde la intolerancia antigitana se observaba en el 53% de su población que rechazaba vivir junto a familias gitanas. Una fobia muy pronunciada frente al gitano y al magrebí, con episodios como el intento de agresión al vicecónsul marroquí en Almeria o la protesta por la construcción de una mezquita en la citada localidad de Vic. Y es que la intolerancia latente crece y se desarrolla peligrosamente en los últimos años ante la ausencia de antídotos de ningún género.

Esta intolerancia social señalada por el CIS es el caldo de cultivo que alimenta conductas discriminatorias y actuaciones que incluso pueden caer en el ámbito del Código Penal. La discriminación a inmigrantes y minorías étnicas en la entrada a discotecas o pubs, viene acompañada de la dificultad para alquilar una vivienda, incluso la negativa a una plaza de guardería como hemos podido comprobar. Un triste ejemplo de lo antedicho fue el asesinato del ecuatoriano Wilson Pacheco, conocido por el crimen de Maremagno y protagonizado por unos porteros de discoteca cuya brutalidad no debe ocultar que los propietarios de ese local tenían 11 expedientes de sanción por abusos en el derecho de admisión y uno de los matones imputados, antecedentes por agresión. En este sentido es importante subrayar que el derecho de admisión está regulado, exigiéndose condiciones objetivas exhibidas públicamente y no discriminatorias, lo demás es caer en la vulneración del principio de igualdad de trato y por consiguiente cometer una infracción sancionable.