Con la desaparición del llamado Segundo Mundo, es decir del bloque de países de la órbita de la Unión Soviética, se anunció el inicio de la era de la globalización como consecuencia del avance de la economía del mercado en todo el mundo. Sin embargo, esta globalización no implica la extensión homogénea y universal de un proceso de crecimiento económico o de expansión del bienestar, ni tampoco la observancia generalizada de los Derechos Humanos, por el contrario alberga importantes contradicciones entre las que hay que significar el crecimiento de las desigualdades entre países, la enorme concentración del poder y la riqueza, la expansión del consumismo y del conflicto ambiental o las tensiones ante los procesos de uniformismo cultural. Es preciso comprender que la globalización no es solo económica, hay una creciente interdependencia en todos los ámbitos, también el político, militar, cultural o social y la inmigración responde a este escenario.

La propia naturaleza del fenómeno migratorio explica esta lógica; es obvio que hay países con una fuerte presión demográfica y con escasez de recursos, y que existen otros países sin crecimiento de población y con recursos económicos y tecnológicos, y que ante la ausencia de una cooperación al desarrollo hacia los primeros efectiva y eficaz, lo consecuente es que se produzca un flujo de mano de obra, con origen en las zonas de descapitalización y destino en las de fuerte capitalización. Luego vendrá todo lo demás, conflictos y controversias sociales, culturales, políticas y de otra índole, pero es evidente que en un mundo regido por la economía de mercado globalmente, no solo se liberaliza el flujo de capitales, sino que conlleva tal cúmulo de transformaciones que los movimientos migratorios, y ahora más que nunca en la historia de la humanidad, están sobradamente justificados.

No obstante el desarrollo humano, frontispicio de todo quehacer responsable, es complejo. Asegurar a todas las personas, en todas las partes del mundo, las condiciones que permitan una vida digna y con sentido racional, implica un enorme esfuerzo humano y un profundo cambio de políticas. Asegurar un futuro mejor para todos puede implicar sacrifícios y requerirá profundos cambios en actitudes, también culturales, y comportamientos, además de una reinterpretación en las prioridades sociales, sistemas educativos, prácticas de consumo, así como en las concepciones acerca de las relaciones de la persona con la sociedad y con el medio ambiente. En este sentido, los cambios que estamos viviendo requieren como garantía la convivencia y cooperación, el imperativo de ese núcleo de principios y valores compartidos, asumidos por todos en una ética cívica universal.

El racismo, la xenofobia y otras formas de intolerancia, presentes a lo largo de la historia de la humanidad han expresado cruelmente las reacciones de sectores sociales a aquellos cambios que profundizaban en la libertad, la igualdad y la solidaridad de los seres humanos. El racismo como prejuicio o como antagonismo declarado contra otros, basado en la creencia de la propia superioridad o en el hecho diferencial, ha caracterizado a muchas sociedades. Hizo posible la racionalización del colonialismo y propició la base de la ideología nazi, y aunque la diferenciación o segregación racial no tenga ninguna base biológica ni científica, el siglo XXI se enfrenta a nuevas manifestaciones de una lacra que se creía históricamente superada. Fenómenos neorracistas que ponen su acento en la identidad étnica, en el mito del "carácter nacional", expresan un racismo cultural que da por sentado que una cierta identidad colectiva implica unas características innatas, de las que los miembros 'individuales son portadores hereditarios y que forman parte de un programa similar al genético. Un neorracismo que se presenta como defensor de los derechos de los pueblos a mantener su "identidad cultural" frente al otro, al invasor, al inmigrante que pone en peligro la "cultura nacional" y frente al que se presenta el aislamiento, segregación, marginación, discriminación, como alternativa de garantía de protección del propio patrimonio cultural. Además esto se muestra como beneficioso para la identidad étnica "extranjera" que le permite por "su propio bien" conservar sus culturas, tradiciones y autenticidad; el diferencialismo absoluto acaba convirtiéndose en una forma sutil de justificación de la exclusión y por tanto, en un nuevo racismo. Aunque en el siglo que ha concluido se avanzó enormemente en la creación de instrumentos institucionales y legales que respondieran a garantizar los principios de dignidad e igualdad inherentes a todos los seres humanos, donde los Estados adquirieron enormes compromisos tanto en la Carta de las Naciones Unidas como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y posteriores acuerdos internacionales, en un Mundo en el que viven 10.000 sociedades diferentes, la democracia y la protección de las minorías son condiciones indispensables para la eficiencia institucional, la estabilidad social y la Paz. Y aunque el avance, también en la lucha contra el racismo, produjera instrumentos valiosos como la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial para luchar contra toda exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que impida a una persona ejercer sus derechos humanos y libertades fundamentales en condiciones de igualdad con los demás en todas las esferas de la vida pública o dificulte el ejercicio de esos derechos y libertades (art.1 Convención), sin un compromiso cívico profundo con la diversidad y pluralidad de culturas, alimentado por el valor de la tolerancia, y sin una ética cívica universal compartida por el género humano será difícil alcanzar las metas de desarrollo, convivencia y paz que presiden como deseos los grandes acuerdos internacionales.

La UNESCO y NN.UU. han avanzado en este camino defendiendo el papel de una ética global que debería estar presente en todos los mecanismos mundiales de gobierno, la mayoría de las veces ausentes en espacios políticos y del mercado muy importantes. Los principios y las ideas de una ética global deben proporcionar las normas básicas que toda comunidad política debería observar, suministrando los requisitos mínimos que deben ser aplicados y reconociendo expresamente la diversidad y dejando un amplio campo de posibilidades para la creatividad política, la imaginación social y el pluralismo cultural La Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo, presidida por Javier Pérez de Cuellar, en su Informe sobre la Diversidad Creativa, avanzaba el contenido básico de una Ética Global, que también había sido postulada desde el Parlamento Mundial de las Religiones, y otros ámbitos internacionales. El núcleo de una nueva ética global está constituido por el principio del respeto a los derechos humanos universales y el reconocimiento de responsabilidades, obligaciones o deberes cívicos, el principio de la democracia y de la participación de la sociedad civil, la protección de las minorías desde los valores de convivencia, tolerancia y pluralidad, el compromiso con la resolución pacífica de los conflictos y la negociación justa, así como el principio de la equidad intra e intergeneracional y del respeto a la naturaleza.

En un mundo con gravísimos problemas de pobreza, desempleo, hambre, ignorancia, enfermedad, miseria y marginación, como males absolutos intrínsecos, agravados por hábitos culturales que conducen al egoísmo, prejuicios y odio irracional en sus manifestaciones múltiples de intolerancia, la tarea pendiente y urgente es la más amplia movilización democrática por un compromiso profundo con una ética cívica universal como la anteriormente explicitada.

Esteban Ibarra.
Presidente
Movimiento contra la Intolerancia