El caso de Joaquín José Martínez ha resultado revelador, no solo por cuestionar y convertirse en un alegato contra la pena de muerte, sino por desvelar las miserias del sistema judicial y penal norteamericano. El recorrido del ciudadano español condenado a muerte en un juicio sin garantías, en el que se habían vulnerado derechos consulares, donde las pruebas incriminatorias se observaban manipuladas y en el que su abogado de oficio estaba más preocupado por pactar la autoinculpación a cambio de conmutar la petición de la fiscalía de condena a morir por cadena perpetua, abría un periodo que mostraría a la opinión pública, especialmente en España, la sinrazón y crueldad de la pena de muerte, su aplicación racista a ciudadanos sin recursos económicos para defenderse y finalmente, los déficits del sistema judicial norteamericano en muchos aspectos subalterno de las propias actuaciones policiales.

En el último tramo de este periplo de cinco años, donde más de tres Joaquín José los pasó en el corredor de la muerte, hemos conocido y confirmado como en el reciente juicio el médico forense reconocía haber cambiado su informe falseando la fecha del suceso criminal a petición de los detectives del caso, o como estos mismos policías declaraban, con perjurio, incriminando a Joaquín José, o como se manipulaban testimonios pese a que las principales pruebas del primer juicio, el video y la declaración de su ex - mujer, ahora ya no se presentaban.

Pero el escándalo saltaba a la opinión pública al conocer el presupuesto millonario para costear la defensa.¿Qué habría pasado si no se hubieran conseguido 100 millones de pesetas para financiar el equipo jurídico de Peter Raben? La respuesta es que con un abogado de oficio, sin lugar a dudas el reo seguiría en el corredor de la muerte. De ahí la importancia de la solidaridad ciudadana que en apoyo al trabajo heroico de los padres ha logrado una victoria histórica en la lucha por la abolición de la pena de muerte y en el cuestionamiento de sistemas judiciales que no se dotan de garantías y se subordinan en múltiples aspectos a la iniciativa policial.

A la luz de los hechos solo resta reclamar lo irreparable, resaltando como un ciudadano inocente, en plena juventud de su vida, preso en el corredor de la muerte con una familia obligada a un comportamiento heroico, víctima de un sistema policial-judicial incriminado injustamente sin que nadie pueda reparar ahora el daño causado. Ante este largo calvario pleno de errores, que excluye la presunción de inocencia, que discrimina al hispano, negro, chicano o al que no tiene recursos económicos para garantizarse justicia, solo puede exigir que se depuren responsabilidades de quienes mintieron bajo juramento, vulneraron las garantías procesales y derechos de este ciudadano, y sobre todo seguir luchando por las otras personas que permanecen en el corredor de la muerte hasta la total abolición de la pena capital.

Por cierto, la solidaridad institucional no esta para tirar cohetes, la aportación económica del gobierno no existió, tampoco las cámaras, no hubo ninguna representación institucional permanente en la sala del juicio y se retrasaron con los papeles burocráticos para su retorno. También aquí hay que sacar conclusiones.

Esteban Ibarra
Presidente
Movimiento contra la Intolerancia